EN LAS VIOLACIONES DE DD.HH., EL ESTADO ES JUEZ Y PARTE

El 24 de octubre de 2007, Luis Giampietri, primer vicepresidente de la República del Perú y ex alto oficial de la Marina de Guerra, dijo que los cargos que enfrenta el ex presidente prófugo Alberto Fujimori son "especulaciones", mientras los jueces del Poder Judicial sean incapaces de esgrimir pruebas. Nada más inexacto pero revelador, ya que existe una gran cantidad de pruebas, detalladas en el voluminoso cuadernillo de extradición, y básicamente sólo falta actuarlas antes de dictar sentencia.

"Mientras el Juez no diga ésta es la prueba no podemos acusarlo, y los cargos en su contra serán especulaciones. El principio de inocencia de una persona tiene que ser respetado en todo sentido", fueron las palabras de Giampietri (La Razón, 25.10.2007), quien no quiere darse por enterado de que Fujimori no sólo ha sido formalmente acusado y denunciado; incluso ha sido extraditado por el Poder Judicial de Chile, que verificó el mérito de una extensa investigación. Cuando un criminal y sus fechorías son evidentes, reclamar el principio de inocencia no parece más que una majadería cómplice.

Los comentarios del vicepresidente Luis Giampietri han provocado que el parlamentario oficialista Mauricio Mulder se apure en recordar que el Vicealmirante (r) de la Marina de Guerra no forma parte de las filas de su partido, sino que es un "invitado". El oneroso "representante del pueblo" no dice que Luis Giampietri sí forma parte del gobierno aprista, y que obviamente uno sólo puede hacer una invitación de ese tipo (el primer vicepresidente asume la presidencia de la República cuando el titular viaja al extranjero, es vacado o perece) por alguna clase importante de afinidad o de provecho.

Por lo demás, ningún miembro del gobierno se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión. Ha sido imposible escuchar una corrección tan elemental y diplomática como: "El señor Fujimori está siendo juzgado según las pruebas del cuadernillo de extradición, y confiamos en una sentencia independiente". No sorprende esta condescendencia, si no se olvida que en el Parlamento de la República la banda fujimorista, elegida para seguir medrando en la política representativa, está aliada de hecho con la bancada del partido aprista, que mangonea el país.

Los señores que argumentan flojamente que el único error del ex presidente Fujimori fue confiar en su ex asesor Vladimiro Motesinos, ya le han salvado el cargo o el cuello a más de un personajón del gobierno, inclinando la balanza a su favor, en las votaciones parlamentarias para definir cargos de prevalencia o para investigar las corrupciones que brotan siempre, como una flor natural, de la entraña de la democracia representativa.

Ante el retorno del prófugo extraditado, los fujimoristas se apuraron en advertir que no iban a tolerar ("Señor Presidente García", exigió frente a las cámaras la parlamentaria Keiko Fujimori) que el ex presidente prófugo sea recluido en una cárcel. (No especificaron si tampoco lo tolerarán después de una eventual sentencia condenatoria.) Muy receptivo, el gobierno aprista decidió establecer un régimen penitenciario especial, lleno de irregulares beneficios.

Para cuidar "su dignidad de ex mandatario de la nación" (expresión del presidente García), el Estado no puso a Fujimori tras las rejas de una cárcel, sino estableció como su presidio provisional una habitación de la Diroes (Dirección de Operaciones Especiales, antes Dinoes, institución policial involucrada -por ejemplo- en la matanza del penal Castro Castro en 1992). Allí, el inculpado por delitos de lesa humanidad y por cuantiosos robos, tiene más horas de patio, más visitas y un ambiente mejor que los disfrutados por los delincuentes peruanos de poca monta.

Después, el Estado decretó que este presidio temporal será permanente. En esa dependencia policial se realizarán todos los actos del proceso judicial que, acaso, ya está viciándose por tantas normas emitidas para favorecer al reo Alberto Fujimori. El desparpajo con el que se le otorgan beneficios penitenciarios, y la fe por su inocencia que llega desde lo alto del gobierno, es señal no sólo de muchas simpatías sino también de varias voluntades. Es síntoma crónico de un hecho crudelísimo, que muchos no terminan de aceptar: en las violaciones de Derechos Humanos, el Estado es juez y parte.

El mismo Estado que en 1991 organizó el paramilitar Grupo Colina, es el que mediante una leguleyada liberó después al militar sicario Martin Rivas. El mismo Estado que ahora pone en una prisión falaz al ex presidente Alberto Fujimori, colmándolo de beneficios, es el mismo que en la década de los '80 utilizó métodos terroristas para combatir el terrorismo subversivo.

El presidente de la República, Alan García Pérez, según diversas organizaciones de derechos humanos, debe ser investigado por la matanza de los penales perpetrada en junio de 1986, cuando era Jefe de Estado por primera vez. El vicepresidente Luis Giampietri también ha estado involucrado en las investigaciones de estos hechos de sangre, porque entonces era un Capitán de Navío AP al mando de la acción militar que debeló el motín de la cárcel ubicada en la isla "El Frontón". Sin embargo, y muy lógicamente, es poca la severidad con la que el Estado castiga sus propias atrocidades.

En 1990, el presidente García se libró de ser investigado por la masacre carcelaria, cuando el dictamen de una comisión especializada en favor de su juzgamiento no fue aprobado por el pleno parlamentario, gracias a los fujimoristas recién encaramados en el poder. En 2006, la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas consideró incluir al presidente García sólo en calidad de testigo, en el proceso que investiga las mencionadas matanzas, a pesar de ser obvio que el jefe de gobierno tenía (como ha explicado el jurista Carlos Briceño respecto a la responsabilidad de Fujimori) el dominio de la acción militar y por lo tanto la condición de autor mediato.

Al respecto, "la Comisión de la Verdad (...) está en condiciones de afirmar que en el centro penitenciario San Pedro (Lurigancho) y el ex centro penitenciario San Juan Bautista de la Isla 'El Frontón' (ubicada frente a la provincia del Callao), más de doscientos internos acusados o sentenciados por terrorismo perdieron la vida durante los motines del mes de junio de 1986, por el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra los reclusos que una vez rendidos y controlados fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado." (Informe Final, Tomo VII, Capítulo 2, pág. 737).

Además, "de acuerdo con la opinión de los propios jefes militares involucrados, los motines suscitados no habrían constituido un grave peligro para la seguridad y el orden interno desde el punto de vista militar, pero se trataba de una orden emanada del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas que tenía que cumplirse". (Informe Final, Tomo VII, Capítulo 2, pág. 747).

La alevosía de la masacre cometida por el Estado en junio de 1986 se confirma con la tristemente célebre frase del entonces Ministro de Marina, Vicealmirante AP Julio Pacheco Concha, quien en mayo de 1986 había declarado: “sepan los subversivos que han herido profundamente a la Institución y al país entero y sepan también que han despertado al león".

Quien piense o diga que todas estos crímenes y miserias son cosa del pasado, no debe evitar ver la impunidad vigente y la dirección que el Estado Democrático mantiene: se pide la pena de muerte para los terroristas (para comprobar que todo está como en 1985, pero sin terrorismo subversivo); el presidente García exige a las Fuerzas del Orden bombardear y arrasar las plantaciones de hoja de coca, sin velar por la vida de las familias cultivadoras; se utiliza con profusión el término 'narcoterrorismo'; se criminaliza todo movimiento social de protesta, ligándolo a Sendero Luminoso o a las FARC, o acusándolo de violentista.

También, se ensayan los sangrientos '80 con la arbitraria detención de campesinos ayacuchanos, acusados de terrorismo y traídos a Lima -en el verano de 2007- para medir la reacción de la capital, que no reacciona; se agita el fantasma de Sendero Luminoso, mediante sospechosos atentados o enfrentamientos armados de los que sólo se conoce lo que dicen los partes militares y policiales; se desconocen con descaro los fallos internacionales que ordenan al Estado reparar económicamente a los familiares de los presos asesinados por las Fuerzas del Orden; se censuran abiertamente los recuerdos de las masacres realizadas por las Fuerzas Armadas, por ser considerados "escarnios".

Por último, se imponen penas draconianas contra los manifestantes que cierran el tránsito vehicular o dañan la propiedad pública; y se legaliza por adelantado toda posible brutalidad policial en la represión de las protestas, con la peligrosa ley que declara ininmputables a los agentes de la Policía Nacional en cuestiones de orden público (bloqueando la posibilidad de cualquier investigación ulterior).

Mientras no exista en plena función un órgano judicial directamente administrado por el pueblo (que se supone es el soberano) o una Corte Penal Internacional con jurisdicción mundial y exclusiva, para juzgar de manera transparente a los violadores de derechos humanos, éstos seguirán gozando de impunidad, deslizándose suavemente por los vericuetos de un Poder Judicial difícilmente independiente de otros poderes del Estado, o cometiendo las atrocidades usuales desde la protectora cima del Estado Democrático.

La Comisión de la Verdad afirma, en su Informe Final, que "el Estado (...) está obligado a investigar los hechos y procesar y sancionar a los responsables" de las torturas y ejecuciones extrajudiciales, pero olvida la célebre frase pronunciada por el presidente Alan García, durante su primer gobierno: "en política no hay que ser ingenuos".

Publicado el 31 de octubre de 2007.

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Contra el deseo de muchos, Alberto Fujimori no está recluido en una cárcel, sino en una habitación de una institución policial.

Infelizmente, la sola memoria no basta para castigar. La justicia administrada por el Estado, provee de impunidad a sus Fuerzas del Orden y Jefes de Gobierno.